El principal grupo de oposición chií de Baréin, la Sociedad Nacional Islámica Al-Wefaq, ha anunciado en un comunicado este lunes que el Tribunal Penal Supremo del reino árabe dictó sentencia en un juicio masivo contra clérigos chiíes disidentes.
El sheij Qasem ha sido juzgado en ausencia en un proceso que involucra a 69 acusados, entre ellos 60 clérigos y nueve personas afiliadas. Además de la cadena perpetua impuesta a tres referentes chiíes, las autoridades de Manamá han condenado a penas de hasta 15 años de prisión como parte de un proceso judicial dirigido contra la comunidad chií.
La sentencia se ha fundamentado sobre varios cargos dudosos relacionados con el terrorismo y rebeldía para derrocar el régimen mediante el control de las mezquitas y las reuniones religiosas locales.
El juicio tuvo lugar tras una amplia campaña de detenciones contra eruditos y activistas religiosos, así como la revocación de la ciudadanía a cientos de personas, en una persecución que las organizaciones de derechos humanos consideran como parte de una represión más amplia contra los musulmanes chiíes, en el contexto del conflicto regional en curso.
En mayo y junio, las fuerzas del régimen de Baréin allanaron barrios de mayoría chií en todo el país, arrestaron a más de 50 clérigos chiíes y a varios activistas religiosos sin órdenes judiciales y los trasladaron a lugares desconocidos.
Organizaciones de DD.HH. advierten sobre los abusos cometidos durante el juicio
El Instituto de Bahréin para los Derechos y la Democracia (BIRD) ha obtenido testimonios directos de los detenidos que denuncian abusos que podrían constituir tortura. Se ha observado un patrón preocupante: algunos acusados permanecieron incomunicados en lugares desconocidos; a otros se les impidió revelar su paradero, incluso cuando se permitían las llamadas familiares.
Por su parte, la organización belga ‘Justicia Sin Fronteras’ advirtió sobre su grave preocupación por la posibilidad de que los acusados sean sometidos a tortura, tratos crueles y degradantes, confesiones forzadas, detención arbitraria, así como por la violación de su derecho a un juicio justo e independiente y a garantías de defensa.
La dinastía gobernante Al Jalifa ha ejercido mano dura contra la población chií, a pesar de ser mayoría religiosa del reino y ha arreciado sus medidas contra los clérigos, que han denunciado las violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades, así como sus posturas controvertidas en el ámbito internacional.
Grupos chiíes están llevando a cabo protestas y bloqueando carreteras en oposición a las sentencias penales.
Según informes, en imágenes se ve a manifestantes coreando ‘Allahu Akbar’ (Dios es grande) mientras continúan los disturbios, lo que representa un desafío para la seguridad de Baréin.
Las fuerzas de la oposición afirmaron en un comunicado que la insistencia de las autoridades en procesar a varios eruditos religiosos, en el contexto de la escalada regional, mediante acusaciones fabricadas y casos maliciosos, representa un ataque directo contra sus creencias y símbolos, aumenta la complejidad de la crisis política y amenaza la cohesión nacional.
La oposición bareiní ha afirmado la invalidez del juicio contra altos eruditos religiosos, responsabilizando a las autoridades de las graves repercusiones de cualquier condena dictada contra los eruditos detenidos y advirtiendo que continuar atacándolos convertirá la crisis política en una confrontación que afectará a un componente fundamental de la sociedad bareiní.
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